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El efecto económico de la falta de nombramiento o ratificación de los mediadores privados

El efecto económico de la falta de nombramiento o ratificación de los mediadores privados

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La Gran Carpa

Es un secreto a voces el mal funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México, y especialmente del Tribunal Superior de Justicia de la Capital. Esto obedece a diferentes razones como falta de presupuesto, la pandemia, cierto miedo en resolver de los juzgadores, que han hecho inútil el funcionamiento del sistema de justicia.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se enviará al Congreso de la Ciudad de México dos iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, a fin de establecer la regulación de este centro, incluyendo su integración y funcionamiento, con las características mandatadas por la legislación federal en la materia; y una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México relativa a la materia laboral y con ello generar los nuevos Tribunales laborales.

Detalló que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México tiene por objeto, realizar las adecuaciones pertinentes a efecto de estar en condiciones de implementar los nuevos Tribunales laborales, donde se tramiten y resuelvan los conflictos de la materia, así como preparar a las personas juzgadoras y demás personal responsable de aplicar el Derecho Social, garantizando eficacia, calidad y legalidad en los servicios que se presten a los justiciables, así como el respeto a los principios que rigen los procedimientos laborales.

El gobierno de la CDMX ha ejercido cerca de 11 millones de pesos para poder terminar el edificio del Centro de conciliación y espera que el Poder Judicial, incorpore en su propio presupuesto las nuevas salas de Justicia Laboral.

De acuerdo con el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, actualmente se tiene un rezago de 140,000 expedientes con casos que tienen hasta 10 años, ya que es un sistema que tiene 50 años en la ciudad.

“Venimos de la presencia de juicios eternos con promedios de seis años en resolver cualquier tipo de conflicto laboral, había un sistema secuestrado por intermediarios, coyotajes, ya muy atrasado que no beneficiaba a trabajadores ni a empleadores”, subrayó la secretaria del trabajo y previsión social, Luisa María Alcalde.

Por lo que ambas iniciativas detonarán el proceso legislativo en el Congreso local para garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras en la capital del país que se suma a la construcción del Centro de Justicia Laboral.

Esta falta de prestación de justicia se podría resolver mediante la ratificación de los mediadores privados adscritos a la Ciudad de México. Al gozar de fe pública, pueden disminuir la carga de los tribunales. Esto mejoraría los retrocesos que ha tenido la Ciudad de México en el régimen de Estado de Derecho.

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