Elegir a consejeros a través de las urnas afectaría autonomía
La elección popular de consejeros y magistrados electorales, como propone el Ejecutivo federal en su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, conlleva riesgos, entre los que destaca la preservación de cuotas partidistas, la subordinación de las autoridades electorales al gobierno en turno, incertidumbre institucional y condiciones de inestabilidad política y social, advierte el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.
En una nota titulada “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, alerta que en un contexto de clara hegemonía partidista como el que se ha configurado tras la elección presidencial del 2018, “la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del poder Ejecutivo federal”.
Además de que organizar y celebrar un proceso electoral federal en febrero de 2023 para elegir a la totalidad de consejeros electorales (siete en lugar de los 11 actuales) y siete magistrados, tal como plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa de reformas a 18 artículos de la Constitución, tendría un costo económico superior a los 8,000 millones de pesos, lo que “va en contra del principio de austeridad que el gobierno busca incorporar.
“La propuesta del Ejecutivo federal ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
“Sin embargo, esta fórmula democrática que convierte a los árbitros en jugadores también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberación legislativa que estamos por presenciar”, cita la investigación ejecutiva realizada por César Alejandro Giles Navarro.
Incertidumbre para otras instituciones
De acuerdo con la nota, “la elección popular de las consejerías y magistraturas electorales entraña riesgos importantes como el desempeño parcial y sesgado de las autoridades electorales, la preservación de cuotas partidistas y, especialmente, la subordinación de las autoridades al gobierno en turno.
De avanzar esta propuesta, además, se abriría un camino incierto para otras instituciones del Estado, pues el mismo argumento democrático se podría proponer en el futuro en órganos técnicos como el Banco de México, el (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) INEGI o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), poniendo en riesgo la estabilidad económica y política del país”.
La iniciativa presidencial, establece, “abre la posibilidad de que las autoridades electorales se desempeñen de forma parcial y sesgada en el ejercicio de sus responsabilidades, guiadas más por los cálculos políticos que por el apego a la legalidad.
“En ese sentido, llama la atención que la propuesta es contradictoria en sus propios términos, pues propone ‘elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder’.
“La adopción del voto directo para la conformación de las autoridades electorales no solo las introduce de lleno en la lucha por el poder, sino que los convierte en juez y parte en las contiendas electorales, lo que podría poner en duda la objetividad de sus resoluciones y eventualmente debilitarlas en el marco de una elección competida”, refiere.
“Por otro lado, la participación de los partidos en el Congreso y del titular del poder Ejecutivo en la postulación de las candidaturas deja abierta la posibilidad de que las autoridades electorales sean capturadas por los actores políticos que participan en la lucha por el poder, incluso con el refrendo del voto popular”.
De ahí que, resume, “el mayor riesgo en ese sentido sería la captura de las autoridades electorales por parte del gobierno en turno.
“Si hoy en día se llevaran a cabo las elecciones para integrar las autoridades electorales, es muy probable que los consejeros y magistrados más votados serían los propuestos por el presidente de la República, considerando la exposición mediática y popularidad que tiene esta figura, las mayorías con las que cuenta en las cámaras del Congreso y el hecho de que su partido gobierna en 20 de las 32 entidades federativas”.
Piden encontrar coincidencias en enmienda
Al pedir a los ciudadanos dar seguimiento a la reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, exhortó a los legisladores a que los cambios legales sean por consenso, pues de lo contrario volverán los conflictos postelectorales ya superados en México.
“La necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoriteos y exclusiones que, de darse, van a ser inevitablemente la fuente de problemas que al día de hoy ya superamos en materia electoral.
“Han dado inicio los trabajos de una reforma electoral que, de prosperar, ojalá por el bien de todos, sea el resultado de un diálogo respetuoso entre todos y de coincidencias y consensos amplios e incluyentes, condición indispensable para el sostenimiento de nuestra democracia.
“De otro modo, pondríamos en peligro una construcción política de 30 años que hoy es fuente de estabilidad y paz pública. Vale la pena dar seguimiento a los trabajos iniciados en la Cámara de Diputados y estar atentos a sus acuerdos”, dijo.
En un mensaje dominical a través de sus redes sociales, el consejero presidente del INE reiteró a ciudadanos y legisladores que hoy “México cuenta con instituciones electorales acreditadas y robustas.
“Un importantísimo acervo de información técnica y un prestigio internacional que nos ha convertido en un referente mundial sobre la organización de los comicios y el arbitraje de la contienda política”, aseguró. (Jorge Monroy)