Una población atrapada en un sistema de salud difícil

Recientemente en nuestro país nos hemos dado cuenta de las debilidades y fortalezas de nuestro sistema de salud y mucho gracias a la epidemia de coronavirus, la cual pensamos que se había terminado, pero la terquedad de esta epidemia que se empeña en no poner un punto final, sigue surgiendo con nuevos brotes en diferentes partes del mundo, incluido México, lo que incomoda nuestra nueva normalidad, resaltando siempre las áreas de oportunidad de los diferentes sistemas de salud en el mundo.

Sin embargo, en cada país se contrasta con lo que dice cada uno de sus dirigentes con la realidad que vive su población, desde los problemas de vacunación hasta los servicios de la atención hospitalaria cuando se requiere.

En el caso de México, por un lado el gobierno se ha autoconvencido de que su actuación durante la etapa más fuerte de los índices de contagios y mortalidad fue impecable, y su narrativa se basa en lo que cree como sus datos oficiales y por tanto la verdad, “las tradicionales verdades históricas” de cada uno de nuestros gobiernos, mientras que las vivencias de la población parecen contradecir el discurso oficial. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido en diferentes ocasiones que todos los pacientes que padecieron la enfermedad, se atendieron de manera oportuna y eficiente y que en caso de hospitalización, ninguna persona se quedó sin contar con cama hospitalaria. Es importante señalar que el Gobierno de México creó una página de los “Excesos de mortalidad en México”, y en su última actualización del 14 de noviembre de este 2022, que corresponde a la semana epidemiológica 41, se reporta el comportamiento de la epidemia desde su inicio a través de los registros de varias dependencias como Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía); Renapo (Registro Nacional de Población), Sisver (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias), Sinave (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica) entre otros, y se analizan: las muertes esperadas; defunciones observadas; el exceso de defunciones y su porcentaje asociado a Covid-19. En resumen, desde el inicio de la pandemia hasta esa semana, se reporta una diferencia entre las muertes esperadas y observadas, de un exceso de 658,628, con un porcentaje de excesos de defunciones acumuladas de 30.3%, asociándose 504,034 muertes a Covid-19, equivalente al 76.5%, sin embargo, las defunciones con diagnóstico de Covid-19 por el Sisver son de 330,381, es decir, habría 173,653 muertes por Covid-19 que no se registraron como tal por diversas razones; que pueden ser un mal diagnóstico clínico, errores en las pruebas diagnósticas o simplemente no fueron vistas en ninguna institución, es decir de las mencionadas muertes en domicilio.

Este registro emite un boletín semanal, elaborado por un grupo de trabajo interinstitucional para el análisis del exceso de mortalidad por todas las causas, registrándolo por medio de las actas de defunción. Este exceso de mortalidad por todas las causas ha sido útil para evaluar la evolución de la epidemia en México, independiente de los datos del sistema de vigilancia epidemiológica, que depende de la interacción entre las personas y el sistema de salud y de la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas. Debido a que es un análisis de defunciones, el exceso estimado se debe interpretar como las defunciones asociadas a Covid-19, como por otras causas que de manera indirecta se pueden asociar a la emergencia sanitaria. La vigilancia del exceso de mortalidad por la pandemia de Covid-19 proporciona información importante para valorar el impacto de la epidemia.

Lo que ha quedado en evidencia es que la población buscó en general por sus medios las posibilidades de ser atendido, inicialmente en instituciones de salud, pero ante la saturación de varias unidades, muchos estuvieron peregrinando por diversas partes y los que pudieron tener la posibilidad económica acudieron a los servicios privados, con los consecuentes costos de bolsillo para esas familias. Pero aquí también se observó cómo nuestra población tenía que hacer sacrificios enormes, al pagar la deducibilidad de sus seguros médicos privados, en caso de tenerlos, y los costos excesivos cuando se vencían las pólizas, por los altos costos de la atención hospitalaria.

De acuerdo con la página del gobierno “Transparencia en precios de hospitales” de junio del 2021, el gasto por día por tratamiento de Covid-19, rondaba entre los 80,000 y 100,000 pesos por día, y cuando los pacientes llegaban a necesitar atención en terapia intensiva podía alcanzar cifras de poco más de 4 millones de pesos.

Por otro lado, en muchas instituciones públicas no se aceptan a los pacientes de primera vez si no cumplen con ciertos requisitos, como en al caso de los pacientes oncológicos, y aunque es entendible esta posición, ya que si los hospitales que se dedican exclusivamente a la atención oncológica, se dedicaran además al diagnóstico, se sobresaturarían, enlenteciendo más los procesos de ingreso y de inicio de tratamiento. Desafortunadamente en ese proceso de filtro, el costo de un diagnóstico oncológico puede rebasar más de 50,000 pesos cuando se requieren tomas de biopsias con estudios especializados. Otro dato por el que los pacientes toman decisiones de acudir a la medicina privada, son los tiempos de atención para el ingreso o atención del especialista e inicio de tratamiento, siendo el tiempo más corto de diagnóstico e inicio de tratamiento de una semana a 30 días en casos contados por la gravedad de la enfermedad, pero en promedio se tienen tiempos de dos o tres meses para el diagnóstico y hasta de seis meses para el inicio de tratamiento. Incluso muchos pacientes, aún ya dentro de la institución, continúan utilizando los servicios privados por los retrasos en las citas para las tomas de estudios.

De ahí que muchos pacientes tengan más de dos visitas previas de médicos privados antes de acudir a su institución que le corresponde. Estos retrasos en los tiempos también en muchas ocasiones obligan a los pacientes a tratar de empezar sus tratamientos en forma privada, sin embargo esto también retrasa su ingreso a las instituciones públicas, pues algunas de ellas, tal vez por sus procedimientos burocráticos, no aceptan pacientes con tratamientos externos, ya sea por presentar complicaciones o no estar de acuerdo con la terapéutica empleada.

Los gobiernos mexicanos, tanto este como los anteriores, han tratado de dar cobertura pública a la población, pero claramente ha sido insuficiente. Los recursos destinados por el PIB, la forma de utilizarlos tanto en infraestructura, como adquisición de insumos y medicamentos y recursos humanos entre algunas explicaciones de las fallas, han tenido al parecer más un fondo político que efectividad de atención.

*El autor es oncólogo médico en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), con maestría en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud, profesor titular del curso Terapias Biológicas; ha sido representante para México del grupo cooperativo SWOG (South West Oncology Group). Actualmente en el proyecto de divulgación: Ciencia, política, economía y medicina.

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