La Cultura de la Paz, Mutilar al INE
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Termina el 2022 y aunque prevalece un ambiente festivo, no es posible olvidar la creciente polarización generada, entre otros factores, por una agresiva política de debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho del gobierno.
Cada día que pasa podemos confirmar que lo nuestro es el conflicto, nos es imposible la armonía en la evolución de nuestra democracia. Lo más triste es que desde Palacio Nacional se impulsa la debacle, se aplican decisiones y ocurrencias incendiarias que son aprobadas a ciegas por sus legisladores serviles y traidores a la Constitución que juraron respetar.
A menos de dos años de que culmine el actual gobierno el presidente arremetió contra el INE, ha pretendido cambiar las reglas electorales, hecho que se ha tornado en un asunto de la mayor polarización. Primero presentó una iniciativa para reformar la Constitución que implicaba la destrucción de nuestra democracia. Ante el rechazo de esa iniciativa y, por tanto, la imposibilidad de destrucción absoluta del INE, orquestó un denominado Plan B también con una orientación y motivos regresivos. Se trata de un paquete de reformas a más de 450 artículos de seis leyes, cinco de ellas generales, contenidas en un extenso documento plagado de ilegalidades y prácticas antidemocráticas para fracturar la democracia mexicana. Un enorme agravio a nuestro régimen democrático.
Las iniciativas del Ejecutivo que, sin quitar una sola coma, han sido aprobadas con el “mayoriteo” de los diputados y senadores incondicionales al presidente, en apego a la fe ciega que les exige, son violatorias a la Constitución. El Congreso de la Unión —institución llamada a velar por la integridad republicana— ha hecho suyas reformas que revelan que la “transformación” que impulsa la 4T consiste en un asalto institucional. Es inaceptable que sean legisladores incondicionales al inquilino de Palacio quienes propicien la ruptura con el Estado de Derecho. Esta situación no había ocurrido en la historia política legislativa.
Razones de improvisación y desaseo legislativo propiciaron que el adefesio legislativo tuviera que volver al Senado, mismo que ya cerró su periodo extraordinario de sesiones, por lo que la eventual conclusión del trámite legislativo de ese paquete habrá de esperar su suerte hasta febrero próximo.
Ese aplazamiento dista de ser una derrota política para Palacio Nacional, quizás le signifique una ventaja, en la medida en que la sobrevivencia de nuestra democracia, luego de que culmine el proceso legislativo de su Plan B y se presenten acciones de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial Federal, con la nueva presidencia de la Corte, se corre el riesgo de que algunas ministras y algunos ministros se disciplinen con el mandatario para que esas disposiciones -violatorias a la Carta Magna- sean barnizadas de constitucionalidad, como sucedió con la legislación en materia eléctrica.
El futuro de nuestra democracia estará en manos de la Suprema Corte de la Nación. Confiamos en que no pierdan de vista que colaborar con el movimiento oficialista, en esta arbitrariedad en materia electoral, sería suicida e implicaría subordinar al Poder Judicial a la voluntad del mandatario.
Sin duda estamos ante un parteaguas y una prueba para el Poder Judicial de trascendencia nacional, al ser el último baluarte para detener esta especie de golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional.
No es aceptable que el mandatario y sus incondicionales pretendan desconocer que el INE es una institución ciudadana que se ha consolidado debido a su autonomía otorgada en la Constitución. Penosamente, el gobierno hoy desprecia la realización de procesos electorales nacionales, federales y locales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular, como los que el INE ha organizado durante los últimos 25 años, incluyendo el proceso electoral que en 2018 le dio el triunfo al actual presidente y legisladores, y en 2021 a gobernadores y otras autoridades de sus partidos.
El mandatario, al no lograr destruir al INE ahora intenta mutilarlo para que los procesos electorales sean organizados y controlados por el gobierno, lo que haría posible que el movimiento de la 4T se eternizara en el poder, so pretexto de “evitar más fraudes electorales”.
Es una vergüenza que el actual gobierno, que arribó al poder a partir de una pulcra aplicación de las reglas y normatividad democráticas, pretenda mutilar las instituciones electorales para construir un régimen demagogo y dictatorial, emulando a Hitler y a Mussolini, entre otros.
Es un riesgo creciente que el poder político se desborde y trascienda sus atribuciones y facultades. Esa nociva e ilegal expansión de su dominio afecta los derechos y las libertades de los gobernados.
Lo que está a la vista es la intención de volver al pasado, como si el mundo de ayer hubiera sido mejor. Recordemos que en el pasado que se añora, la economía estaba cerrada, no se respetaban los derechos humanos y la democracia era una aspiración.
La competencia electoral sin legalidad, no debe ser ni conviene a nadie. De la preservación de la autonomía del INE depende la sobrevivencia de nuestro régimen democrático.
Que culmine este 2022 en paz.
Felicidades a todos.
*Abogado y mediador profesional. #mediacionenmexico
Twitter @Phmergoldd