La Suprema Corte, autónoma; el IFT, sometido
Un suspiro de alivio recorrió el ánimo de todos aquellos que aun creemos que la ley es la ley. Contra todos los pronósticos, Norma Lucía Piña fue electa presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un entorno donde la impunidad, el capricho y el uso faccioso de la ley había llegado a parecer normal, la elección de la ministra Piña fue una manifestación clara de que el poder judicial no se dejará someter sin dar batalla y con la Constitución en la mano. ¡Enhorabuena!
En el otro extremo de la dignidad, durante las últimas semanas del 2022 fuimos testigos de la claudicación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a su misión constitucional de fomentar la competencia en el sector. Para sorpresa de todos, el último mes nos abrió lo ojos. Nunca antes habíamos visto a un regulador tan poderoso en el papel y tan sumiso frente al poder económico que representa el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T).
Con mucho menos herramientas, atribuciones y presupuesto, la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones logró avances significativos en varios aspectos que hoy damos por sentado, pero que requirió de la entrega y dedicación de muchos funcionarios comprometidos; sin ellos, la explosión en la penetración celular detonada por la interconexión “El Que llama Paga”, la modalidad de prepago y la portabilidad del número de usuario simplemente no se hubiera dado. Cada uno de estos avances se logró a pesar de las resistencias del AEP-T y siempre con la misión de liberar al usuario de un entorno monopólico, a fin de que pudiera contar con una mayor oferta y variedad de proveedores y servicios.
A pesar de ello, el andamiaje administrativo permitía al AEP-T retrasar mediante litigios y suspensiones cualquier pequeño paso que se daba para conseguir un entorno de competencia. Por eso, la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 creó un súper regulador autónomo y con comisionados transexenales altamente capacitados. El IFT lo tiene todo, pero la falta de compromiso y visión de los actuales comisionados lo ha convertido en poco más que una oficialía de partes. Imponen regulación asimétrica al AEP-T porque así lo manda la Constitución, pero lo hacen con condiciones que permiten al AEP-T bloquear cualquier efecto real que ésta pudiera tener en el mercado. Peor aún, han concertado un verdadero pacto de impunidad con América Móvil, Telmex y Telcel.
El viernes 9 de diciembre de 2022, el IFT renunció de manera abierta y con argumentos retorcidos a su obligación de supervisar y sancionar al AEP-T por la violación sistemática a la regulación asimétrica que le fue impuesta por el propio Instituto. Después de cinco años de calentar el expediente y a pesar de que todos los comisionados habían reconocido de manera expresa el incumplimiento de Telmex a la obligación de poner a disposición de la competencia el 60% de la información relativa a su infraestructura de postes y pozos, simplemente desechan su propia investigación, se desdicen y le demuestran al AEP-T que con ellos tiene la impunidad garantizada.El tema no es menor, el propio IFT (bajo otro mando) sancionó en 2020 a Telnor, por realizar exactamente la misma conducta que le perdonó a Telmex, con una multa de $1,312 millones de pesos. Dado que la sanción por el incumplimiento está fijada en el marco legal como proporción de sus ingresos, se estima que el perdón a Telmex supera los $20,000 millones de pesos.Renunciar a cumplir plenamente su mandato para crear condiciones de competencia y velar por que éstas se mantengan en el largo plazo, resulta desalentador y pernicioso para la industria y para los usuarios.Las claras diferencias entre el actuar de la Suprema Corte y el del IFT, nos dejan claro que por sólidas que sean las instituciones en el papel, es el carácter de los hombres el que verdaderamente sale a la luz cuando se trata de ejercer el poder u oponerse a él.
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