¿Realmente Calderón y Peña Nieto permitieron el tráfico de armas?
En los sexenios pasados, la entrada de armas a México se incrementó de manera histórica; la mayoría de estas llegó a manos de criminales, quienes han cobrado la vida de miles de ciudadanos.
De acuerdo con los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el primer año de gobierno de Felipe Calderón, más de 20 mil armas de fuego que pertenecían a las corporaciones policiacas federal y estatales desaparecieron.
Más de una tercera parte de los artículos que no fueron hallados pertenecía a policías del Estado de México y la capital del país.
Con Calderón se inició la guerra contra el narcotráfico y, con ello, el índice de crímenes incrementó en 44 por ciento, teniendo al año 2011 con el mayor número de delitos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo una tendencia similar, puesto que México se posicionó como una de las naciones con mayor número de homicidios por arma de fuego.
Por cada 100 mil habitantes ocurrieron aproximadamente 20 asesinatos a mano armada en la administración del priista.
Los estados con mayor violencia fueron Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero; lugares donde se asentaron grupos del crimen organizado.
El caso más sonado sobre tráfico de armas en México ocurrió en la administración del exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN).
En 2014, la asociación Desarma México presentó una denuncia ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contra exfuncionarios del gobierno de Calderón por haber permitido el operativo denominado Receptor Abierto (Wilde Reciver).
Entre 2006 y 2007, desde Estados Unidos se trasladaron armas de fuego a territorio mexicano de manera ilegal.
Presuntamente, el operativo fue confabulado en la oficina de la Administración contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Tucson, Estados Unidos, bajo la aprobación de funcionarios del Departamento de Justicia.
El operativo se calificó como Rápido y Furioso porque los agentes norteamericanos colocaron rastreadores electrónicos a las armas con el fin de localizar a criminales, pero los compradores guardaron los artículos hasta que se acabaron las pilas (con duración de 48 horas) para trasladarlas a sus destinos en México.
El programa fallido permitió que aproximadamente 500 armas de alto poder se vendieran de manera ilegal en territorio mexicano y, presuntamente, llegaron al crimen organizado.
En el plan original, las autoridades de México debieron vigilar a los traficantes de armas para conocer el lugar a donde las trasladaron; sin embargo, después de cruzar la frontera, les perdieron la pista y no supieron el paradero de los artículos ilegales en el país.
Con información de La Verdad Noticias, Bajo Palabra y Revolución 3.0
Portada: Guillermo Perea/Cuartoscuro
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