Delitos a mipymes impiden crecer y obligan a cerrar
Cuando una microempresa sufre un delito, se genera un costo de 31,234 pesos, sobre todo si se trata de extorsión, robo de mercancía o dinero, lo que en muchos casos las lleva a cerrar sus negocios definitivamente, revela la Encuesta Nacional de victimización de empresas (ENVE) 2022.
En 2021, el 24.6% de las unidades económicas sufrió algún delito, de las cuales 1.2 millones son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cuyo costo por delito fue de 164,078 pesos para las pequeñas y 537,189 para las medianas. En suma, el monto asciende a 732,501 pesos.
“Los negocios se esfuerzan por mantenerse de pie pero se ven amenazados porque cada vez son más los espacios donde se ven sometidos, por ejemplo, por pandillas de delincuentes que se dedican al cobro de piso o extorsión, principalmente”, expuso en entrevista con El Economista, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Añadió que lo que más se observa es la extorsión telefónica, cobro de piso, asaltos directos a mano armada, amenazas de secuestro y robo hormiga.
Dichos datos coinciden con lo reportado por la ENVE, pues entre los delitos más comunes están la extorsión (sobre todo telefónica) con 29%, robo o asalto de mercancía, insumos o bienes con 20%, robo hormiga con 13%, actos de corrupción con 11% y fraudes con 10 por ciento. De las extorsiones en calle o cobro de piso, en 44.8% de los casos se pagó el monto.
Otro de los problemas, indicó Rivera, es el apoderamiento de suministros por parte de pandillas o grupos delictivos, que ocurre principalmente en estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde los insumos se venden en otro lado con el fin de monopolizar. En Guerrero esta situación se presenta con la cerveza y en otros estados se ha observado con artículos como tortillas, pollo, carne, entre otros.
La ENVE reveló que los estados de mayor incidencia delictiva son Sonora (37%), Ciudad de México (36%), Durango (35%), Colima (33%) y San Luis Potosí (33%), principalmente por extorsión. Los sectores más atacados son: comercio, servicios e industria.
Desmotivación de negocios
El vivir en un ambiente de inseguridad afecta la parte emocional y ante el miedo de seguir operando o tener que trabajar para pagar extorsiones o cobro de piso, los pequeños empresarios se desmotivan o toman medidas para salvaguardar su integridad, aunque es un retroceso para el negocio.
“Estas situaciones desmoralizan, desmotivan y muchos pueden llegar a cerrar”, señaló Rivera.
Tan solo en 2020, el costo de la inseguridad a las empresas de todos los tamaños, representó 1.85% del Producto Interno Bruto ocasionado también, el cierre de más de 35,000 negocios afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Los motivos fueron inseguridad, efectos de la pandemia y cambios de giro, en conjunto, aunque no se puede determinar cuántos fueron por delitos vividos.
Rivera mencionó que uno de los efectos que se observaron durante la pandemia en los momentos más álgidos fue la reducción de inseguridad. “Se tuvieron menos malestares en general, se guardaron en casa, pero como se va reactivando todo, se ve la oportunidad de delinquir”.
Ante esto, dijo, se opta por vender a través de rejas, instalan cámaras y sistemas de protección, o reducen las horas de labores; cerrando más temprano y abriendo más tarde, en horarios amigables para los habitantes y las pymes. “En algunos pueblos, a las 7 u 8 de la noche prácticamente se vuelven fantasmas porque no hay nadie. Por el miedo también se frena la compra de las familias que no se animan a salir”.
Mejor no denunciar
A pesar de la inseguridad, no se denuncia en 92.8% de los delitos a microempresas, 89.2% a pequeñas, 76.4% a medianas y 65.8% a grandes.
La principal razón en 59.6% de los casos es miedo a la extorsión, por pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza o mala experiencia con la autoridad. En 39.8% hay miedo al agresor, se considera delito de poca importancia o no se tienen pruebas.
“No se denuncia por considerar que pueda existir complicidad entre las autoridades y los delincuentes y la desconfianza en general que se tiene en el sistema de justicia. Se trabaja con una campaña a favor de la denuncia, pero el miedo prevalece”, dice el presidente de la Anpec.
Una de las medidas que se pueden tomar para reducir la posibilidad de sufrir un delito o tener los menores efectos, consideró Rivera, es crear una política de contacto total con la gente, que se evidencien los riesgos con la comunidad y se les dé a conocer las iniciativas de protección y riesgos latentes.
“Se trata de evidenciar más que denunciar, así se aminora un poco porque al final del día los delincuentes son parte de las comunidades, ahí viven, y el que toda la gente esté enterada de que puede pasar algo o que se tienen medidas, genera un mecanismo de defensa que hemos comprobado, sí baja el nivel de maldad”, finalizó.