Efectos de la tercera etapa de la reforma laboral deja sin empleo a funcionarios de las juntas de conciliación: ANADE
Mientras que 11 entidades del país afinan los detalles para entrar de lleno a un nuevo sistema laboral, con instalaciones nuevas y personal enfocado a la conciliación, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ve con preocupación que se haya generado un despido masivo en la Junta de Conciliación Local de la Ciudad de México “sin el menor cuidado” y cumplimiento de la nueva normatividad laboral.
En una carta firmada por el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANADE), Francisco Tomás Ramírez Méndez, dirigida al titular de la Junta Local de la Ciudad de México, Eleazar Rubio Aldarán, se expresó que “sorprende y preocupa al medio profesional que la Junta Local haya realizado despidos injustificados intempestivos de los que han sido objeto 50 empleados con funciones jurisdiccionales y algunos con nombramiento conforme al servicio profesional de carrera derecho junta bajo el pretexto de una supuesta falta de presupuesto”.
Asimismo añadió que resulta de la mayor gravedad que “en el organismo encargado de impartir la justicia laboral y conciliar los conflictos de trabajo en la Ciudad de México se incurra en atropellos a su propio personal jurídico al mismo tiempo que se procede a contratar a un número similar de empleados sin experiencia de estudios de derecho”.
Asimismo, Ramírez Méndez afirmó que “es incongruente el desmantelamiento de la Junta Local cuando se tiene la obligación de concluir la tramitación y eventual ejecución de más de 130,000 juicios que tienen a su cargo razón por la que el despido de nueve funcionarios conciliadores experimentados supone el abandono de ese portante función en los procedimientos de juicio citados”.
La próxima apertura de nuevos tribunales laborales y del Centro de Conciliación “no deben ser utilizados como pretexto para despojar a los empleados de la junta local de sus más elementales derechos ni para condenar a los usuarios de la junta a que sus juicios esperen 10 o más años de trámite para que concluyan”, dijo Ramírez Méndez.
Por ello, exigieron que “se respete el estado derecho de los derechos humanos de los afectados, revisándose con todo cuidado las medidas adoptadas por la autoridad laboral en perjuicio de su personal profesional. Debiendo por consiguiente dejar sin efecto inmediato las medidas adoptadas y se proceda la inmediata reinstalación de los abogados despedidos”.
Además solicitaron una audiencia para dialogar y coadyuvar para que se mejoren las condiciones que permitan resolver los asuntos laborales ordinarios pendientes a la fecha, así como los graves rezagos que existen en la institución”.
kg