En electricidad, IP traza caminos ante cierre de avenidas
Las decisiones en torno al futuro de las actividades de privados en el sector eléctrico mexicano prácticamente se encuentran en la cancha del Poder Judicial y las representaciones internacionales de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Pero, según datos de la Secretaría de Energía, para lograr las metas de crecimiento económico pospandemia se requiere de un incremento promedio anual de 6.8% en la oferta de energía eléctrica, para lo cual serán necesarios los acuerdos, esfuerzos e inversiones de todos los participantes del sector, tanto públicos como privados.
El gobierno ha señalado sus prioridades: el incremento de la generación hidroeléctrica, tanto a gran escala mediante la remodelación de la capacidad existente como a escala menor en la denominada minihidroeléctrica; la generación distribuida y abasto aislado, fuera de la red, por parte de grandes consumidores; el almacenamiento de energía para que proyectos como el parque fotovoltaico de Puerto Peñasco en Sonora se multipliquen, y el estudio, promoción y aplicación del hidrógeno verde como combustible de transición a la par del gas natural.
Respecto a esta última tecnología, el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno (AMH2), Israel Hurtado, se pronunció por trabajar en una estrategia nacional y en normas oficiales mexicanas, ante el potencial que el país tiene para convertirse en un jugador importante a nivel internacional en materia de hidrógeno verde.
A decir del especialista, el país carece de una estrategia nacional de hidrógeno. También subrayó la importancia de trabajar en el tema de regulación, pero en particular en normas oficiales mexicanas enfocadas a temas técnicos como, por ejemplo, la instalación de electrolizadores en centrales renovables, para almacenamiento de hidrógeno, transporte y seguridad.
De acuerdo con diversos estudios, el país podría tener hasta 64% de costos de producción más bajos en comparación con otros países.
A decir de la empresa Cipro, otra gran oportunidad para los desarrolladores de proyectos está en los planes de incrementar la capacidad hidroeléctrica nacional a gran escala, puesto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende ampliar en aproximadamente 240 megawatts o poco más de 4% de la capacidad instalada de gran hidroeléctrica del país (que es 7% de la capacidad nacional).
Para ello, la industria se mantiene atenta a los resultados de las convocatorias de la CFE para la modernización de 14 centrales hidroeléctricas de la estatal en las que se invertirán 1,000 millones de dólares. También existen oportunidades en la capacidad minihidroeléctrica, que en el país es menos del 10% del total de esta tecnología, y que consiste en instalaciones de potencia instalada inferior a 10 megawatts que utilizan la fuerza natural de los caudales acuíferos, sin necesidad de construir embalses o afectar a comunidades.
Por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el proyecto de las disposiciones administrativas de carácter general para la generación distribuida, con lo que presentó nuevas reglas para instalaciones con capacidades menores a 500 kilowatts.
En esta oportunidad, se incluye un nuevo modelo de contraprestaciones en media tensión, el término de generación distribuida colectiva y la adopción de sistemas de almacenamiento para esta alternativa renovable.
Javier Romero Durand, integrante del grupo fotovoltaico de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), explicó que un aspecto positivo es que contempla la certificación para los instaladores. “Se hace de una manera correcta, pedido dentro de los formatos que se deben presentar a CFE los estándares de competencia de los instaladores y supervisores”, explicó.
“La generación distribuida en los últimos 10 años se multiplicó en más de 8,000 veces y este año se esperan crecimientos de al menos 20%”, consideró Sergio Rodríguez, service Manager para Latinoamérica de Ginlong Solis, que es una alianza china-mexicana dispuesta a seguir invirtiendo en la instalación de capacidad fotovoltaica.
La abogada y académica del sector energético, Miriam Grunstein, explicó que hay mucho qué hacer en torno a eliminar basura administrativa particularmente en la normatividad de la CRE, tal como es el Acuerdo que hace imposible obtener permisos nuevos, puesto que se traslapan los tiempos del regulador con los del Cenace y la CFE, y no hay inversionistas dispuestos a arriesgarse ante tal incertidumbre.