Programas sociales de AMLO aumentan número de familias ricas beneficiadas y disminuye los hogares pobres favorecidos, señalan analistas
A pesar de que la narrativa del gobierno federal subraya que “por el bien de todos, primero los pobres”, los programas sociales desplegados por la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, han aumentado el número de hogares de familias ricas beneficiadas y disminuido el de familias pobres favorecidas, según análisis realizados por académicos.
Para Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, investigador de la Universidad de Guadalajara, la política social del gobierno federal perdió su poder redistributivo; dejó de privilegiar a los pobres, como sucedía en sexenios anteriores y terminó beneficiando más a los hogares más ricos del país, quienes ahora reciben el dinero que se le quitó a hogares más pobres que antes lo recibían.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2019 el gobierno federal estableció 17 programas prioritarios de desarrollo social. Posteriormente, algunos fueron eliminados de la lista y otros más se incluyeron.
Actualmente son 16 y son los siguientes:
De 2018 a 2020 pasó de 6% a 17% la población más rica beneficiada con programas sociales
En el documento “Primero los pobres”: Política social de desigualdad y pobreza durante el sexenio de López Obrador”, el académico Máximo Ernesto Jaramillo-Molina expone que datos oficiales muestran que, en 2016, es decir en el cuarto año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 67% de la población en situación de pobreza recibía, al menos los beneficios de un programa social. Para 2020, era 43 por ciento.
“Esto quiere decir que la mayor parte de la población en situación de pobreza extrema (57%) no tenía acceso a ningún tipo de programa social de transferencia monetaria que apoyara sus ingresos”.
Además, destaca que en el decil X, es decir, en el 10% más rico del país, prácticamente se triplicó el porcentaje de población que recibe programas sociales, pasando de 6% a 17%, entre el periodo de 2018 y 2020.
Para el académico, tal vez eso se debe al cambio en la orientación de la mayor parte del presupuesto: antes de este sexenio se privilegiaban los programas sociales focalizados a la población en situación de pobreza (como Prospera); el gobierno de López Obrador canaliza el presupuesto principalmente a los adultos mayores y la pensión universal que reciben.
El especialista llama la atención en que, mientras en 2018 la mitad de los hogares más pobres era beneficiario del programa Prospera, para 2020 ningún programa social ha alcanzado la cobertura que llegó a tener ese programa: 20% reciben la Beca Benito Juárez de Educación Básica, 8% la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior y 10% la Pensión de Adultos Mayores. En conjunto, todos los programas existentes en 2020 llegan a 40% de la población de dicho decil, incluso por debajo de lo que sólo el programa Prospera lograba en 2018.
Según el Coneval, si se comparan los indicadores de los programas de 2019 y 2021, se observa que Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se mantuvo en una cobertura de 94 por ciento. aunque creció el número de beneficiarios, también creció la población objetivo. El de Producción para el Bienestar bajó su cobertura de 91 a 88 por ciento.
Jóvenes Construyendo el Futuro bajó su cobertura de 33 a 13% y el de Universidades para el Bienestar Benito Juárez bajó de 15 a 10 por ciento.
El estudio de cobertura realizado por el Coneval reveló que de forma general, los programas prioritarios, atendieron en 2021 a 27 millones de personas mexicanas, cifra equivalente al 64% de la población objetivo de los programas. De 2020 a 2021, los programas que incrementaron en mayor medida su población atendida son:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
- Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
- Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.
Entre los tres programas incorporaron a 5.6 millones de personas beneficiarias, es decir, un incremento del 26% respecto del año previo. De manera coincidente, estos programas son los que tuvieron el porcentaje de cobertura más alto, por encima del 70% en 2021.
Por otra parte, los resultados del Cumplimiento Efectivo de Metas demuestran que el 56% de los programas prioritarios tuvieron un cumplimiento adecuado o destacado en 2021.
En 2018, 23% de transferencias monetarias iban a los más pobres; en 2020 sólo 10%
Máximo Ernesto Jaramillo-Molina subraya que mientras los beneficiarios del decil con menos ingresos (decil I) vieron casi estancados entre 2018 y 2020 los montos de las transferencias monetarias que recibían, los hogares más ricos, es decir, los del 10% más ricos o del decil X, se vieron beneficiados por un aumento de 60% en el monto promedio de transferencia que recibían.
Por otra parte, en 2018 la política social en México era redistributiva: 23% del monto total de las transferencias monetarias iba a parar al bolsillo de los hogares del 10% más pobre y sólo 2% iba al 10% más rico.
En 2020 el poder redistributivo se nulificó: 10% del total de las transferencias monetarias va al 10% más pobre, con cifras similares para casi cualquier decil.
Las estimaciones del académico refieren que se mantuvo en 9% la población que sale de la pobreza gracias a los ingresos de las transferencias monetarias de los programas sociales. En cambio, el aumento de la pobreza total se debe al incremento también de la población que estaría en situación de pobreza si no fuera por los programas sociales, pasando de 59% en 2018 a 62% en 2020.
De 2018 a 2022 el aumento del gasto en programas sociales, como porcentaje del PIB nacional, fue de 0.7%
Con base en las cifras del Inventario Nacional de Programas Sociales y Acciones Sociales Federales de Coneval, Jaramillo-Molina asegura que 2022 sería el primer año en que el monto total absoluto a precios constantes llega a un máximo histórico, con 1.3 billones de pesos, que estaría apenas 3% por encima del máximo alcanzado en 2015. Pero no basta comparar montos absolutos, sino el tamaño del total de los ingresos del país, para tener una medida que refleje la realidad del alcance total de la política social.
Al hacer la comparación, respecto del tamaño total de la economía, es decir frente al Producto Interno Bruto, concluye que en cuatro años el aumento total respecto a 2018 ha sido apenas de 0.7% del PIB, llegando a un total de 4.7%. Con esta cifra, el gasto en programas sociales durante el sexenio de López Obrador sería menor que el de los cuatro últimos años del sexenio de Felipe Calderón y que los primeros tres años del sexenio de Peña Nieto.
Por otra parte, el diagnóstico de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) realizado por el Coneval, reveló que, en 2022, el 50% de los programas prioritarios obtuvo una calificación de diseño adecuada o destacada.
De los 16 programas prioritarios de desarrollo social,75% lograron identificar de manera total o parcial la temática que atienden. No obstante, aún hay cuatro programas prioritarios que no tienen claridad sobre su población objetivo y son: Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; Programa Nacional de Reconstrucción; Sembrando Vida; Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Al analizar la concentración presupuestal por grupo poblacional, se observa que las personas adultas mayores tienen la mayor parte del presupuesto de los programas prioritarios con el 47 por ciento. En contraste, la población en condiciones de vulnerabilidad es el grupo con menor presupuesto ya que únicamente tiene el 1 por ciento.
Es deficiente la evaluación
Por su parte Adriana García, coordinadora de Análisis Económico de México ¿Cómo Vamos?, expuso que algo que falta en esta administración es evaluación de los programas sociales para poder hablar con datos sobre los resultados y si este tipo de intervenciones han sido las adecuadas.
En materia de diseño de políticas públicas, dijo que, tan solo el programa de transferencias monetarias Benito Juárez, para ser exitosa debe ir acompañada de inversión en infraestructura educativa, con el fin de que se cumpla el destino de los recursos.
“Si no tenemos lugares en los salones de clases para poder atender a nuestros estudiantes, las transferencias monetarias probablemente van a ser destinadas a otros fines que no sean el de la educación y desarrollo de sus capacidades”.
En ese sentido indicó que, debido al impacto económico derivado de la pandemia de la Covid-19, los recursos que recibieron familias que tenían como objetivo avanzar en el plano educativo, seguramente se usaron para subsistencia.
Asimismo, expuso que, en el caso de las pensiones para adultos mayores, si bien México ¿cómo vamos? no está en contra del carácter universal de esa política pública, el problema de ese tipo de intervenciones es que México no cuenta con los recursos para poder ofrecer pensiones a todos los adultos mayores, porque tiene un espacio fiscal muy reducido.
Además, la dispersión no focalizada de la bolsa de recursos destinados a ese programa no permite que se tenga el impacto deseado en aquellos lugares que más lo necesitan.
Estas pensiones crecen como una bola de nieve y se aumentan los beneficios cada año, pero no hay una estrategia para financiarlos.
Esta política social no está siendo redistributiva y al final de cuentas va a acabar ahorcando los recursos disponibles para atender la educación y la salud de los mexicanos.