Plan B en materia electoral cambiará la cara y capacidad del INE desde los distritos
El paquete de reformas en materia electoral, aprobado por el Congreso de la Unión a finales de 2022, repercutirán en el debilitamiento de las estructuras centrales y desconcentradas del Instituto Nacional Electoral (INE) y, de manera significativa, en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) que perderá 84.6% de sus empleados.
Con los argumentos de generar ahorro y austeridad, y sin previo análisis que lo confirme (según los reclamos del INE, especialistas y partidos de oposición), se ordena la reducción de estructuras claves, que redundará en la calidad del trabajo de organizar elecciones.
Actualmente, la mayoría de las plazas laborales se concentran en los órganos delegacionales y subdelegacionales. A través de ellos se implementan los programas y actividades del Instituto a escala nacional, tanto los que corresponden a procesos electorales, procesos de participación ciudadana directa, como los que corresponden a las actividades permanentes.
Las reformas ordenan una reestructura mayor, tanto de órganos y áreas centrales, como de sus instancias desconcentrados.
De acuerdo con análisis realizados por la Secretaría Ejecutiva del instituto, el problema radica en que las reformas ordenan la modificación, tanto de las Juntas Locales Ejecutivas (JLE), como de las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE). Esta es la estructura actual y estos son los impactos con la implementación:
Cambios en las Juntas Locales Ejecutivas
Las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) son los órganos permanentes de ejecución y soporte técnico de las actividades del Instituto en cada entidad federativa.
Actualmente hay 32 (una por estado) y están integradas por cinco vocalías que son:
• El Vocal Ejecutivo, quien la preside.
• El Vocal secretario.
• El Vocal de Organización Electoral.
• El Vocal del Registro Federal de Electores.
• El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Con las reformas planteadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se ordena su eliminación. Serán sustituidas por un órgano local integrado por tres vocalías, en lugar de las cinco que actualmente funcionan y son:
• Vocal Ejecutivo.
• Vocal de Organización y Capacitación Electoral y Educación Cívica.
• Vocal del Registro Federal de Electores.
El impacto en la planta laboral que se espera es que se suprimirían 262 plazas y quedarían vigentes únicamente 96 plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Los análisis del INE aseguran que la eliminación de las cinco vocalías que integran las JDE compromete de forma crítica el desarrollo de los procesos sustantivos del INE, pues se pierde la experiencia profesional, el conocimiento del entorno social, político y cultural y la capacidad de respuesta ante las exigencias y retos que se presentan en cada proceso electoral.
Ajustes en las Juntas Distritales Ejecutivas
Las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) son las encargadas de ejecutar las actividades del Instituto en cada uno de los 300 distritos uninominales electorales, así como evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Actualmente hay 300 (una por distrito electoral federal) y están integradas por un vocal ejecutivo que preside y tres vocales de:
• Organización Electoral
• Registro Federal de Electores y Capacitación Electoral y Educación Cívica de Electoras y
• Capacitación Electoral y Educación Cívica
Las reformas planteadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ordenan su eliminación para ser sustituidas por oficinas auxiliares, a cargo de una sola persona denominada Vocal Operativo, dicha figura sustituye a las vocalías ejecutiva, de Capacitación y Educación Cívica; de Organización Electoral; del Registro Federal de Electores y la Vocalía Secretarial. Se deja en poder de una sola persona por una supuesta economía presupuestal.
Con ello, se suprimirían 1,500 plazas correspondientes a dichas vocalías, así como aquellas (300) que corresponden a las jefaturas de oficinas de seguimiento y análisis, por lo que eventualmente quedarían 300 plazas del SPEN que corresponderían al nuevo cargo que se pretende crear (vocalía operativa).
Las reformas ordenan despedir a 2,175 trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional
La aplicación del paquete de reformas electorales conocido también como el Plan B del presidente López Obrador a la malograda Reforma Electoral implicará el despido de alrededor de 5,000 empleados del organismo y un gasto en liquidaciones por alrededor de 5,000 millones de pesos.
De acuerdo con el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 del INE, cuenta con 17,555 trabajadores, de los cuales 10,370 son plazas presupuestales y 7,185 de honorarios permanentes.
Hay dos grupos: los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y los de la Rama Administrativa.
Los del SPEN suman 2,571 y las reformas ordenan mantener solo a 396, lo que quiere decir que se deben liquidar 2,175, que representan 84.6 por ciento.
No está claro cuáles serían las plazas a liquidar pero dado que son 396 los que deben quedarse y precisamente son 396 las únicas plazas admitidas por las reformas en las Juntas Locales Ejecutivas (96) y las Juntas Distritales Ejecutivas (300), son las únicas que se van a quedar.
Si eso se ejecuta finalmente, entonces se eliminarían 2175 plazas del SPEN, de las cuales 22 corresponden a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica (DECEyEC); 55 de Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE); 58 de Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE); 11 de Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP); nueve de Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL); 223 de Unidad Técnica de Fiscalización (UTF); 35 de Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE); 262 delas Juntas Locales Ejecutivas y 1,500 de las Juntas Distritales Ejecutivas.
De acuerdo con el INE la experiencia dice, sobre todo en procesos organizados a nivel local, que la contratación de personal temporal para las funciones electorales resulta problemática, en razón de factores que dificultan la organización de procesos electorales de alta calidad, tanto por la inexperiencia de quienes participan, así como por el alto riesgo de que los partidos y otros actores políticos, involucren a personal con intereses particulares.
Todo ello, aunado a la pretensión de realizar las mismas actividades, con menos personal suficientemente preparado; los recursos humanos insuficientes, en cuanto a cantidad y calidad, es inviable para la organización de los procesos electorales y otras actividades que lleva a cabo el INE, de acuerdo a los altos estándares internacionales que ha adoptado en los últimos 30 años, lo cual ha sido posible por la existencia de un servicio civil de carrera profesional, imparcial e independiente.
En términos de la reforma, desaparece la rama administrativa
El Servicio Profesional Electoral Nacional que conforma los órganos ejecutivos del INE es la estructura profesional que se encarga de: Credencialización y actualización del Padrón Electoral; verificación y certificación de la celebración de asambleas constitutivas de los partidos políticos; instalación de las casillas y de proveer los materiales electorales el día de la jornada electoral, además de coordinar su recuperación, mantenimiento y reutilización.
Además, realizan los procedimientos para dar certeza en la emisión y cómputo del voto, desde la integración de las Mesas Directivas de Casilla, con la ciudadanía de cada lugar, sorteada y capacitada para recibir y contar los votos de sus vecinos, llenar las actas e integrar las constancias de lo ocurrido durante la elección en cada casilla; hasta la integración de resultados, verificación y recuento de votos en cada distrito electoral, entre varias funciones más.
Un análisis realizado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto destaca que en principio, la incertidumbre es sobre las nuevas estructuras, ya que se desconoce si serán suficientes, si se aprovechará la experiencia del personal que ostenta un cargo en la actualidad para integrar las nuevas estructuras. Además, se desconoce lo que ocurriría con el personal del SPEN a nivel central; aunado a que, en términos de la reforma, desaparece la “rama administrativa”.
Plantea que la eliminación del párrafo 4 del artículo 30 de la LGIPE, podría dar a entender que la rama administrativa se subsume al SPEN, lo cual es un error conceptual importante.
Argumenta que el Servicio y la rama administrativa tienen objetivos, funciones y tareas claramente diferenciadas, de naturaleza distinta. “El Servicio tiene el propósito de propiciar la profesionalización de quienes ejercen la función electoral e impulsar el desarrollo de su carrera profesional. El personal de la rama administrativa tiene objetivos, funciones y tareas referentes al manejo administrativo de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución, pero además realizan actividades de apoyo al personal calificado del SPEN. No son objetivos que se puedan fusionar. El Servicio no se ocupa de los asuntos administrativos de sus miembros, sólo de su profesionalización y desarrollo de carrera”.