¿nuevo satélite en la órbita de Morena?
Como coalición parlamentaria, Va por México está rota. Los dirigentes del PAN y PRD anunciaron la “suspensión temporal” de acuerdos con el PRI. Responsabilizan a Alejandro Moreno, dirigente nacional del tricolor, quien promovió en la Cámara de Diputados una iniciativa que prorroga hasta el 2028 el periodo de transición en el que las Fuerzas Armadas podrán seguir en tareas de seguridad pública.
En lugar de los cinco años estipulados en la reforma constitucional de 2019 por la que se creó la Guardia Nacional, ahora el gobierno federal tendrá nueve para convertirla en la institución civil y profesional de la que habla el Artículo 19 de la Carta Magna. En tres años, el avance en la desmilitarización ha sido prácticamente nulo. El presidente López Obrador podrá concluir su sexenio sin ninguna presión para que la Guardia Nacional se vuelva un cuerpo profesional separado del ejército, bajo la conducción de un mando civil.
Por ello, el político tabasqueño hizo suya la propuesta de los diputados del PRI. Instruyó a las bancadas de Morena, PT y Partido Verde apoyarla. Juntos lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para sacarla adelante.
En el Senado, los operadores políticos del presidente de la República lograron quebrar al “bloque de contención”. Nueve senadores del PRI terminaron votando a favor de la misma iniciativa con unos cambios menores, a pesar que casi todos se habían pronunciado públicamente en contra. Dos senadores más del PRD aportaron los votos adicionales que Morena y sus aliados necesitaban para conseguir la mayoría calificada en la Cámara Alta.
La nueva versión de la iniciativa se encuentra de regreso en la Cámara de Diputados. Se espera que esta semana quede aprobada e inicie su recorrido por las legislaturas estatales. Así se consumará la primera reforma constitucional desde las elecciones legislativas de 2021, en la que se formó la alianza opositora. Cuenta como tal, aunque sólo cambie una disposición transitoria.
En realidad, sin embargo, la reforma no cambia nada. Se hizo para que todo siga igual en materia de seguridad pública, a pesar del fracaso de la política de reducción de la violencia. El gobierno de López Obrador va encaminado a convertirse en el más sangriento de la historia de México. En septiembre pasado llegó a los 133,500 homicidios dolosos. Se perfila para superar en los próximos meses el récord macabro de las 156,000 muertes violentas registradas durante el sexenio de Peña Nieto.
Pero la iniciativa para prolongar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha servido para poner en jaque a la alianza opositora. Falta por saber si seguirá en pie en las elecciones de gobernador del Estado de México y Coahuila de 2023. Si se disuelve, será todavía más difícil rearmarla para el 2024.
El rompimiento de la alianza opositora abre de par en par las puertas para que Morena consolide su dominio territorial y llegue a las elecciones presidenciales de 2024 sin competencia real. El principal afectado sería el PRI, que sin los votos del PAN y PRD corre el riesgo de perder dos de los tres estados que hoy gobierna.
La alianza opositora tiene mucho sentido electoral para el PRI. Desde que llegó López Obrador a la presidencia, no ha sido capaz de retener uno solo de los estados donde gobernaba. Ha entregado las plazas una tras otra. Su único triunfo lo tuvo en Durango, gracias a los votos del PAN.
La coalición opositora representa para el PRI la mejor oportunidad de eregir una línea de defensa ante el avance de Morena y sus aliados en los estados que aún gobierna. Pero los intereses personales de sus dirigentes parecen ir en otra dirección. Si prevalecen, terminarán convirtiendo al PRI en un partido satélite de Morena. No habrá PRIMOR, el tricolor correrá la misma suerte que el Partido Verde.
*Profesor del CIDE.
Twitter: @BenitoNacif